dijous, de novembre 30, 2017

Un presidente para Europa

Artículo publicado en el monográfico "Cómo la UE puede volver a enamorar" de Beers and Politics en noviembre de 2017
El debate sobre el déficit democrático de la Unión Europea es antiguo, pero se ha centrado mayoritariamente en la falta de control democrático de las decisiones tomadas por la Comisión Europea o por el Consejo de la Unión. Por ello, las sucesivas reformas de los tratados han hecho hincapié en el mayor control del Parlamento Europeo de las decisiones tomadas por el Consejo e implementadas por la Comisión, a través de la ampliación del proceso de codecisión entre Parlamento y Consejo, y de las facultades de control del Parlamento sobre la Comisión.
Este modelo se ha sustentado en la voluntad de avanzar hacia una progresiva “parlamentarización” del sistema europeo, creando una lógica de checks and balances entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Así, se ha avanzado siempre bajo la premisa de que el déficit democrático de la Unión sólo podía subsanarse dotando de mayores poderes al Parlamento, que al fin debería poder elegir al Presidente de la Comisión y a su “gobierno”, así como en los parlamentos nacionales las mayorías surgidas de las elecciones parlamentarias conforman una mayoría que da apoyo al gobierno nacional.
La máxima expresión de esta dinámica fue la elección parlamentaria del presidente Juncker en 2014, tras una campaña electoral europea caracterizada por la novedad de los spitzenkandidaten, los cabezas de lista europeos de las cinco principales fuerzas políticas del continente: populares, socialistas, liberales, verdes y la izquierda europea. Jean Claude Juncker, Martin Schulz, Guy Verhofstadt, Ska Keller y Alexis Tsipras protagonizaron la primera campaña electoral paneuropea de la historia. Sin embargo, esta estrategia de personalización de la política europea no tuvo impacto en la participación electoral –que quedó estancada en el 43 %– ni su mensaje consiguió llegar a la mayoría de ciudadanos europeos.
La campaña de los spitzenkandidaten fue una excelente estrategia de los grupos políticos en el Parlamento Europeo para condicionar la elección del Presidente de la Comisión. Y fue una estrategia ganadora, puesto que finalmente fue elegido presidente el líder del partido más votado y con más escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, Jean Claude Juncker, pero no consiguió acercar la política europea a los ciudadanos. Sólo en algunos casos, como en Alemania –donde la batalla entre Juncker y Schulz tuvo un amplio eco mediático–, la participación electoral se incrementó significativamente.
El resultado de las elecciones de 2014 y la dificultad del presidente Juncker para desarrollar su propia agenda política ponen en evidencia cómo la “parlamentarización” del sistema europeo ha topado una y otra vez con la lógica aplastante de la legitimidad del Consejo Europeo, formado por líderes elegidos todos ellos democráticamente en sus respectivos países. La iniciativa de vincular las elecciones al Parlamento Europeo a la elección del presidente de la Comisión no ha resultado exitosa porque ha pretendido unir dos legitimidades débiles, la del Parlamento y la de la Comisión.
La Comisión Europea no es percibida por los ciudadanos como el gobierno de la Unión sino como el brazo ejecutor del auténtico gobierno de la UE, que es el Consejo Europeo, y el Parlamento Europeo tampoco es percibido como el órgano que puede controlar ese gobierno. Por ello, todo proceso de legitimación de la presidencia de la Comisión que provenga del Parlamento Europeo no le ayudará a reforzar su posición en el entramado institucional de la Unión ni su autoridad política ante los ciudadanos.
En este contexto, si el auténtico gobierno de la Unión es el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros –donde además está muy claro quién manda– lo que nos deberíamos de plantear es como dotar a este “gobierno” de una legitimidad democrática directa.
El Consejo Europeo ya tiene hoy una legitimidad democrática indirecta, en la medida que todos sus miembros han sido elegidos por sufragio universal directo –como el presidente francés– o por sus parlamentos nacionales, tras unas elecciones donde se presentaron como candidatos a la presidencia del gobierno. Pero el Consejo Europeo no goza de la auctoritas de una elección democrática directa por parte de todos los ciudadanos europeos.
El actual sistema institucional de la Unión se asemeja más al sistema semipresidencialista francés que a los sistemas parlamentarios que funcionan en la mayoría de los países europeos. En el sistema institucional de la Unión, el peso político reside en el Consejo Europeo, que ejerce de “jefe de estado colectivo”. En este sistema, la Comisión ejerce un rol secundario, como brazo ejecutivo de este “jefe de estado”, de la misma forma que en el sistema francés el gobierno y su primer ministro gozan de una legitimidad “delegada” de la presidencia de la República, que nombra directamente al primer ministro e incluso a algunos de los ministros más relevantes. El gobierno debe tener una mayoría parlamentaria, evidentemente, pero esa mayoría es deudora del presidente de la República, excepto en los casos de “cohabitación”, que han desaparecido desde 2002 gracias al cambio constitucional que redujo el mandato de la presidencia de la República para adaptarlo al mandato de la Asamblea Nacional. Y es así como funciona hoy el sistema político europeo, con un Parlamento débil y una Comisión subordinada a quien ostenta realmente el poder político: el Consejo Europeo.
Ante esta realidad, que no ha hecho más que consolidarse progresivamente en los últimos diez años, cabe preguntarse cuál es la mejor manera de democratizar la toma de decisiones en la Unión: parlamentarizar el sistema intentando rebajar el poder político del Consejo Europeo, o reforzar la presidencia del Consejo a través de su elección democrática directa.
En mi opinión, es más fácil y eficaz la segunda opción que la primera, como nos muestra también la experiencia de la V República francesa. Cuando se promulgó la constitución, en 1958, el presidente no era elegido por sufragio universal, sino a través de la elección conjunta de las dos cámaras, la Asamblea y el Senado. La primera elección de Charles De Gaulle como presidente se realizó con este método de elección indirecta y no fue hasta siete años después, en 1965, cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales por sufragio directo, gracias a una enmienda constitucional promovida por el propio presidente De Gaulle. Esas elecciones, las de 1965, fueron realmente las elecciones fundadoras del actual sistema político francés, y las que dotaron definitivamente la presidencia de la República del carácter que ha tenido durante los últimos 52 años. Sin ese cambio constitucional, los presidentes que hubieran sustituido a De Gaulle nunca hubieran gozado de la autoridad y el margen de maniobra política que han tenido. Y de ese modelo de democratización de la elección del presidente de la República francesa podemos sacar conclusiones de cómo dotar de una nueva legitimidad al gobierno europeo, para que pueda tener el impulso político necesario por encima de los gobiernos nacionales, convirtiéndola en una presidencia supra partes.
La elección de una presidencia estable del Consejo Europeo, ejercida por Herman Van Rompuy, entre 2009 y 2014, y por Donald Tusk, desde diciembre de 2014, ha permitido “europeizar” el Consejo, y podría ser un primer paso hacia la legitimación democrática de sus decisiones a través de la elección por sufragio universal directo de su presidente, que ejercería de Presidente de la Unión.
Con el cambio establecido en el Tratado de Lisboa se ha hecho lo más difícil: “desnacionalizar” la presidencia del Consejo, eliminar su carácter rotatorio y convertir su figura de un primus inter pares a un primus supra partes. Su elección por sufragio universal le dotaría de la legitimidad necesaria y transformaría por completo el sistema político europeo.
Esta propuesta quizá choca con el wishful thinking comunitario, que tiende a considerar que sólo la “parlamentarización” y la “comunitarización” del sistema europeo pueden mejorar su eficiencia y legitimidad. Pero la propuesta de democratización de la presidencia del Consejo es la que más se adapta a la estructura de poder institucional de la Unión, y permitiría crear una figura que representara plenamente la unidad europea como contrapeso a la diversidad de intereses nacionales e ideológicos representados por el Consejo y el Parlamento. El nuevo presidente personalizaría la unidad en la diversidad: e pluribus unum.
Un presidente fuerte pero con un mayor contrapeso de los estados y del Parlamento que cualquier primer ministro nacional europeo, en la medida que los tres gozarían de una legitimidad similar. De la negociación entre el presidente, que legítimamente representaría los intereses de la Unión, los gobiernos nacionales, representando los intereses nacionales, y el Parlamento, representando los intereses y valores ideológicos y partidarios, surgiría un sistema más equilibrado que el actual y, sin duda, con mayor legitimidad democrática.
Las elecciones a la Presidencia de la Unión permitirían la articulación de nuevas mayorías políticas transversales, desde el punto de vista nacional e ideológico, que posibilitarían nuevas lógicas de acción transeuropeas, con programas de acción concretos y la personalización de los programas políticos a través de liderazgos genuinamente europeos, que harían campaña en todos los países de la Unión ganándose el apoyo de partidos políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Unas elecciones de este tipo serían realmente fundadoras de un nuevo sistema político, de una nueva democracia, que trascendería las dinámicas nacionales y dotaría a los ciudadanos europeos de una nueva referencia política.
La elección del presidente Emmanuel Macron en mayo de 2017 puso de manifiesto que es posible ganar una elección por sufragio universal directo con un programa claramente europeísta y reformador en un país con una opinión pública con fuertes tentaciones euroescépticas, e incluso eurófobas. Demostró también que los símbolos europeos, como la “Oda a la Alegría” de Beethoven y la bandera de las doce estrellas, pueden ser catalizadores de un impulso político renovador. Y su puesta en escena la noche electoral del 7 de mayo delante de la pirámide del Louvre nos dio una idea de lo que podría significar la elección de un presidente de Europa por sufragio universal directo.
El proyecto europeo ha superado los años más convulsos de sus sesenta años de historia, pero sigue teniendo un grave problema de legitimación. La UE necesita convertirse en una fuerza de cambio democrático si quiere sobrevivir a la crisis de las democracias nacionales y dar una respuesta positiva al trilema político de la globalización enunciado hace una década por Dani Rodrik. La elección de la presidencia de la UE por parte de 350 millones de ciudadanos europeos podría ser una idea catalizadora de los cambios que Europa necesita para convertirse en un sistema político más democrático y más eficaz.  

dissabte, de novembre 25, 2017

La solució Iceta: la política com a solució

Intervenció a la #Marató21D organitzada per Ideograma a la Fàbrica Lehmann dissabte 25 de novembre de 2017.

Les eleccions del 21 de desembre, per si soles, no solucionaran el laberint català. No hi ha una "solució democràtica" al conflicte polític actual. Només hi pot haver una "solució política". Sense un replantejament polític de totes les forces, i especialment d'ERC i del PDCat, no hi ha sortides viables al laberint.

A Catalunya hem posat el carro (el poble) davant dels bous (els líders polítics). I així resulta impossible avançar.

La democràcia, en un país dividit, porta al bloqueig. La democràcia no ho pot tot. L'expressió de preferències, per si sola, no resol el conflicte.

La democràcia necessita la política per resoldre els conflictes. 

Com va deixar escrit el politòleg Bernard Crick a "En defensa de la política": "La democràcia, si es concep aïllada i com una qüestió de principi, significa la destrucció de la política".

Primer cal arribar a acords, i després votar-los. No es pot sotmetre a votació un desacord.

I en això consisteix la solució Iceta, en posar la política primer. En posar els dirigents polítics a estirar del carro, i no a córrer darrere seu ni a posar-li pals a les rodes.

Aquest és el principal punt fort del PSC. Iceta és l'únic candidat que aposta per fer política. És a dir, que assumeix el "mandat democràtic" com un "mandat representatiu" i no com un "mandat imperatiu". Els ciutadans votaran, però un cop expressades les diferències, caldrà negociar.

Els ciutadans de Catalunya el 21-D elegiran 135 representants i cap grup polític obtindrà la majoria absoluta. Per tant, caldrà negociar. I negociar més enllà dels imperatius democràtics que fins ara tots s'han imposat. Negociar de forma transversal, entre independentistes i no independentistes, entre dreta i esquerra. Sense negociació, sense política, no hi haurà solució.

I es aquí on apareix el PSC, que és l'únic partit amb capacitat d'atracció sobre les tres grans bosses de votants indecisos i que dubten: l'electorat de centre que se sent més català que espanyol, l'electorat d'esquerres tan català com espanyol, i l'electorat de centretan català com espayol. L'únic partit que té frontera amb l'electorat de C's, dels comuns i del PDCat.

El PSC està en situació de convertir-se en el "circumcentre" del triangle polític en què s'ha convertit la política catalana. Un triangle escalè, amb tres costats (l'independentisme, el centre-dreta espanyolista i l'esquerra federal) de mida diversa, que només poden tenir un punt central en comú.

El PSC és l'únic partit polític que es pot situar en el "circumcentre" de les mediatrius dels tres grans espais polítics que segueixen existint a Catalunya i que van quedar clarament definits a les eleccions al Parlament de 2015: l'independentisme -que va obtenir un 47,8% dels vots-, el centre-dreta espanyolista -que va obtenir un 26,4%- i l'esquerra federal -que es va quedar en un 21,7%, el seu pitjor resultat en termes històrics.

Si el PSC es recupera en aquestes eleccions i l'esquerra federal torna a superar al tàndem C's-PP, la solució Iceta estarà més a prop. Caldrà, però, que el PSC obtingui un resultat que el torni a situar en l'escenari de 2010, per sobre el 18% del vot, amb 27/28 diputats, i avançant a Ciutadans. És a dir, 18 diputats per Barcelona, 4 per Tarragona, 3 per Girona i 2/3 per Lleida.

Un resultat que es jugarà en la capacitat d'increment a les quatre circumscripcions, i no només a Barcelona. Tot i que en termes de vots absoluts seran claus el Baix Llobregat, el Vallés Occidental, L'Hospitalet i Badalona. És aquí on es jugarà la particular batalla entre PSC i C's per ser la primera força en bona part d'aquests municipis.

També a Terrassa, que pot ser una metàfora del moment actual de la política catalana. L'alcalde socialista, Jordi Ballart, va dimitir i va abandonar el PSC en desacord pel suport a l'aplicació de l'article 155. Però pocs dies més tard, el consistori elegia un nou alcalde socialista, Alfredo Vega, perquè no hi havia alternativa. PDCat i ERC van ser incapaços de teixir una aliança amb els comuns, tot i el context, amb el terrassenc Josep Rull a la presó. I si el 21-D el PSC és la primera força a Terrassa?

L'efecteTerrassa ens pot donar pistes de com s'està teixint la "solució Iceta".

dimecres, de novembre 01, 2017

El procés, el poder i les lliçons de la revolta de 1640.

"El millor profeta del futur és el passat"
Lord Byron

Segons Jaume Vicens Vives, amb el poder -representat pel minotaure- "hi ha pobles que hi estan familiaritzats, altres que no saben com fer-s'hi" i "aquest darrer és el cas històric de Catalunya". En la seva interpretació històrica -que comparteixo- els catalans patim "una decepció històrica sensacional: la d'un poble que es troba sense voluntat de poder, sense ganes d'ocupar-ne el palau i de manejar-ne cap de les palanques". No manquen raons històriques que ho expliquen, segons Vicens: després d'haver construït un imperi en l'època medieval  "els catalans teníem una llarga experiència del poder en la seva forma minvant, i quan començà a reviscolar-se li paràrem els peus fent triomfar i reconèixer el pactisme. Amb això ens acontentàrem". I anàrem fent, durant els segles XVI i XVII, amb un notable grau de sobirania però havent perdut ja totes les palanques del poder.

Segons Vicens amb les seves institucions pròpies, que exercien de "pantalles" en relació al poder central i "n'interceptaven l'accés", "els catalans es gronxaven en la més absoluta ignorància de l'Estat i dels ressorts del poder", "esporuguits davant l'Estat llunyà, però satisfets amb les engrunes de la menjadora que són les grans institucions catalanes"

Però com ens recorda també Vicens Vives "la història no perdona ni un instant de retard, i quan hom se n'oblida, retorna amb força. I a Catalunya ho féu sota la forma de l'Estat de Felip V i la Nova Planta". No vam voler exercir el poder, però la història té les seves pròpies lleis i el poder s'exercí sobre nostre amb tota la seva cruesa. Això és el que ens va passar als segles XVI i XVII, els segles de la decadència, en què manteníem formalment l'autogovern a través de les nostres institucions, un notable grau de sobirania -també fiscal evidentment- però ja no teníem cap mena de poder real. Ens pot tornar a passar ara el mateix?

Els catalans hem tingut sempre -o com a mínim, des del segle XV- una relació distant amb el poder. Hem volgut sempre un bon monarca, que regnés però no governés, que ens deixés fer. El pactisme català d'abans del 1714 es transformà en el catalanisme de finals del segle XIX que ha perviscut fins als nostres dies com a "voluntat d'autogovern", tant en el catalanisme conservador com en el catalanisme d'esquerres.  Ni un ni l'altre han tingut veritable "voluntat de poder". Han volgut governar el país, però pactant amb el poder sobirà que manava a Madrid: fos aquest el monarca o unes Corts elegides democràticament. El Conde de Romanones, el gran "hacedor" de majories parlamentàries durant l'època de la Restauració ho van entendre perfectament a la segona dècada del segle XX, quan es posà en marxa la Mancomunitat: "ahora ya entiendo en qué consiste el catalanismo: en que les dejemos hacer!" va dir en una visita a Catalunya quan Prat de la Riba li mostrava la recentment estrenada Escola Industrial...

Durant tot el segle XX hem buscat el mateix: autogovern sota la Corona, o sota la Constitució. Una institució de govern catalana, la Generalitat, vinculada directament al poder central, amb qui poder negociar bilateralment i sota l'empara monàrquica i/o constitucional, un "pactisme" contemporani.  De fet, no és això el que en el fons buscaven els partidaris del "dret a decidir" i l'Estat propi que no eren obertament independentistes? No era això el que buscava el President Mas? Pactar, pactar i pactar. 

Mai els catalans hem exercit veritablement el poder i, fins i tot quan l'hem tingut a les nostre mans -com després de la revolta de 1640- ens hem apressat a buscar un nou sobirà amb el qual "pactar": en aquell cas, el rei de França. Catalunya, però, mai no va tenir la voluntat d'exercir el poder convertint-se en una república aristocràtica a l'estil venecià -com hagués pogut ser el cas al s.XV- ni mantenint la independència de la república proclamada per Pau Claris l'any 1640.  És potser això el que volíem fer ara, buscant "l'empara" de la Unió Europea?

Les lliçons de la revolta de 1640

La revolta catalana del segle XVII va ser un procés subversiu molt complex però ens pot servir per aportar llum a la situació actual. Segons Vicens Vives, "la revolució catalana del segle XVII fou un espectacle d'un extrem confusionisme: guerra patriòtica, guerra civil i revolució social, lluita internacional" que tingué com a conseqüència que "la política catalana anà a la deriva durant vint anys."

Al segle XVII els catalans vam intentar mantenir els nostres furs, les nostres regles basades en el pactisme. Volíem ser sobirans i vam descobrir amb duresa com les gastava el poder de veritat, el poder dels monarques absoluts. I llavors, vam dir prou: "Abans d'arribar a la catàstrofe, la burgesia catalana intentà negociar" -explica Vicens- i "els pactistes feren un front comú, en el qual la ciutat de Barcelona, amb els seus gremis, prengué un lloc d'avantguarda" (us sona?) "però la política del moviment la traçaren els canonges i els cavallers d'Urgell", avui diríem "l'agit-prop independentista i els alcaldes de l'AMI".

La revolta de 1640 va acabar amb la independència en relació a Espanya però ens vam llançar a les mans dels reis francesos, creient que hi trobaríem protecció. L'aventura amb prou feines va durar una dècada i aviat els catalans van considerar que, mal per mal, millor tornar a pactar amb el rei d'Espanya.

Per què? Doncs potser perquè el que els catalans criticaven de la monarquia espanyola era una característica compartida amb les altres grans monarquies europees. Per tant, la frustració amb França fou la mateixa que s'havia produït amb Espanya, però pitjor, en la mesura que les esperances dipositades van fer la decepció encara més gran.

L'status institucional que demanàvem els catalans anava contra el signe dels temps. Potser com ara, reclamant una sobirania nacional que ràpidament ens decebria en descobrir que es mana tant o més des de Brussel·les del que es mana des de Madrid. Amb Estat propi potser descobriríem que el control dels pressupostos nacionals per part de la Comissió Europea és tant o més estricte del que exerceix el govern espanyol sobre els governs autonòmics. Ara, com al s.XVII, el que critiquem de l'Estat espanyol és característica comuna de l'Europa comunitària.

Així doncs, després de 12 anys de revolta, l'any 1652 els catalans tornàrem -quasi voluntàriament podríem dir- a la sobirania espanyola mantenint els nostres furs i constitucions. Però no poguérem evitar l'enorme influència econòmica i militar dels francesos al Principat després del Tractat dels Pirineus, el 1659, perquè els francesos no només es van  quedar amb el Rosselló i la Cerdanya, sinó que es van creure amb el dret d'envair-nos en dues ocasions a finals de segle. És a dir, no només vam tornar a Espanya sinó que vam quedar "atrapats" entre la "sobirania espanyola" i el "poder de França". És comprensible, doncs, que en esclatar el conflicte per la successió de la corona d'Espanya l'any 1701 anéssim contra els borbons francesos, perquè ja havíem après com les gastaven a l'altra banda dels Pirineus. Ens podria tornar a passar el mateix ara?

La independència avui només es podria obtenir si li interessés a alguna de les grans potències europees. A qui li interessa una Espanya debilitada i una Catalunya "satel·litzada"? Quid pro dest? Aquest mes d'octubre de 2017 ja hem vist que no interessa a ningú,ni tan sols a Rússia, encara que la causa catalana li serveixi per fer agit-prop.

El "poder europeu" no està interessat en la independència de Catalunya, ni ho estarà. I els catalans, després de l'aventurisme del Govern Puigdemont -que ha arribat a l'esperpent amb l'escapada a Brussel·les- acabarem tornant capcots a recuperar el nostre espai dins l'ordre constitucional espanyol, com vam fer el 1652, quan Felip IV va fer la pau amb els catalans.  Ens van tornar les nostres institucions de govern i vam seguir a Espanya com si res hagués passat, 40 anys més, fins que la successió del rei Carles II va tornar a obrir la caixa dels trons.

Ara bé, com va escriure Vicens Vives a Notícia de Catalunya "tot plegat hauria estat com un pas còmic, si la revolució del 1640 no hagués fet covar un recel fonamentat entre catalans i castellans i no hagués establert una divisòria entre dues menes de catalanitat: la patriòtica i la col·laboracionista."